Llega el primer paso normativo para impulsar la madera en la construcción de viviendas

La madera está ganando protagonismo en la construcción, en un momento en el que España necesita acelerar el desarrollo de viviendas y apostar por la sostenibilidad ambiental.  Cada vez son más las promociones de viviendas que se construyen con este material, que se ha convertido en uno de los más usados, junto con el hormigón y el acero. Y ya se están dando pasos normativos que permitirán acelerar la tendencia en un futuro no muy lejano. 

En los últimos meses, Castilla y León ha aprobado un cambio legislativo que busca mejorar la eficiencia de la gestión forestal a través de la creación de entidades privadas supervisadas por el sector público, mientras que la Junta de Andalucía ha aprobado un anteproyecto de ley y Castilla-La Mancha ya ha presentado al Consejo Consultivo un texto que contempla esta posibilidad.  La Fundación Gómez-Pintado está detrás de esta iniciativa que fomentará el cuidado de los bosques y montes, traerá actividad económica y, en última instancia, permitirá que haya más madera en el mercado, que sea aprovechada por sectores como la construcción y, así, crear una industria nueva y de valor añadido en torno a la madera en la edificación. La fundación que lidera Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la promotora Vía Ágora y expresidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), planteó hace justo tres años la puesta en marcha de una nueva figura de colaboración público-privada en el sector forestal basada en una fórmula ya existente: la Entidad Colaboradora Urbanística (ECU). 

Se trata de entidades privadas a las que la Administración delega trabajos en circunstancias determinadas, cuando no dispone de los medios ni los recursos públicos necesarios para acometerlos. Estas entidades están supervisadas por la Administración y deben cumplir la regulación de la comunidad autónoma donde se encuentran. Siguiendo este mismo modelo, la propuesta concreta en materia forestal son las llamadas Entidades Selvícolas de Colaboración (ESCs). Desde la Fundación Gómez-Pintado explican que el objetivo de impulsar estas entidades es “cohesionar y fortalecer a dos sectores, el de la construcción y el forestal”. 

En los últimos años, añaden, “el sector forestal español se ha focalizado en la producción de palets, embalajes y pellets, lo que aporta un escaso valor añadido a la madera. Sin embargo, la demanda de madera estructural para construir en altura comienza a ser una realidad, y es una ventana de oportunidad para dinamizar el sector forestal, y favorecer el tejido empresarial y humano en las zonas rurales donde crecen y se ubican nuestros montes en España”. Además, insiste la fundación, “la construcción mixta con madera es una vía primordial para descarbonizar nuestros edificios, al ser un biomaterial fácilmente industrializable”. 

Garantizar el suministro de madera de forma ágil

Juan Antonio Gómez-Pintado explica a idealista/news que la iniciativa de poner en marcha las ESCs surgió cuando Lignum Tech, empresa que forma parte de la corporación Vía Ágora, abrió en 2023 una fábrica en Cuenca destinada a construir fachadas de madera a través de robots no solo para sus propias viviendas, sino también para las de otros promotores y constructores.

“Nos dimos cuenta de que, de alguna manera, había que garantizar el suministro de madera estructural de una manera ágil, porque podemos pensar que la cantidad de madera disponible puede ser muy elevada, pero no lo es tanto. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque la planificación de cómo se gestionan los montes depende de las Administraciones, cuya situación es compleja”. En el caso forestal, el ejemplo más claro es que el sector público se vuelca en la prevención y extinción de incendios durante los meses más calurosos del año, lo que acaba cercenando sus recursos prácticamente desde mayo a octubre. 

“Si en el sector inmobiliario y el urbanismo usamos las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs) para agilizar trámites, ¿por qué no hacer lo mismo con el monte? ¿Por qué no identificar los cuellos de botella que tiene las distintas comunidades autónomas en la gestión y facilitamos la generación de estas entidades? Eso es lo que pensamos y, como no las podíamos llamar urbanísticas, las hemos llamado entidades colaboradoras selvícolas, pero su objetivo es exactamente el mismo: que la Administración delegue actividades a un organismo privado y lo supervise. En este caso, la gestión forestal para modernizarla y facilitar que haya madera suficiente en el mercado y que no se produzcan cuellos de botella”, agrega Gómez-Pintado. Y es que, como añade el promotor, los bajos niveles de extracción de madera no serían suficientes como para atender las necesidades del mercado cuando el sector de la promoción empiece a ser demandante intensivo. 

Con este planteamiento sobre la mesa, la fundación encargó al despacho de abogados Uría Menéndez un análisis de la reglamentación estatal y autonómica para ver si tenía cabida una figura como las Entidades Selvícolas de Colaboración; y el informe fue positivo.  Acto seguido, encargó un informe de impactos socioeconómicos de la posible implantación de las ESCs en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Castilla y León, que concentran buena parte de los recursos forestales españoles y, en cambio, registran unas tasas medias de extracción de madera muy modestas. La fundación presentó los trabajos a ambos gobiernos autonómicos, y también al de Andalucía, y esos encuentros han derivado en la modificación de las leyes de montes para dar cabida a la figura de las Entidades Selvícolas de Colaboración. A los casos de Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha se podría sumar también Aragón, región a la que la Fundación Gómez-Pintado también planea presentar una propuesta próximamente.

Un país de mucha superficie forestar y escasa extracción

Según un estudio elaborado por la Fundación Gómez-Pintado y Analistas Financieros Internacionales (AFI), España es el segundo país de la Unión Europea con más superficie forestal, con un total de 28,2 millones de hectáreas. Esto significa que los ecosistemas forestales ocupan más de la mitad de la superficie nacional. Sin embargo, y pese a ocupar el segundo puesto por superficie, nuestro país es el octavo por volumen de madera y tiene una tasa de extracción que ha rondado de media el 40% en lo que llevamos de década, situándose 15 puntos por debajo de la UE en ese mismo periodo. El documento incide en que las zonas forestales susceptibles de ser aprovechadas se encuentran en la ‘España vacía’. 

Castilla y León, en concreto, es una de las comunidades autónomas que más madera tiene con capacidad de aprovechamiento, seguida de Castilla-La Mancha, Andalucía y también Aragón. Sin embargo, las tasas de extracción son modestas, situándose en el 23% en el caso de Castilla y León, y en el 9% en el de Castilla-La Mancha. En su caso, apenas 250 trabajadores se dedican a labores de gestión y aprovechamiento en una región que posee una superficie forestal de un tamaño equivalente a Bélgica (38.000 km2). Al otro lado de la tabla se encuentran el País Vasco, Galicia y Navarra, donde la gestión forestar está muy desarrollada a nivel autonómico. Son regiones con larga tradición forestal e industrial, y donde se encuentran algunos de los principales aserraderos del país, como el caso de Ebaki (Vizcaya) o el de Finsa (A Coruña). 

Potencial para generar actividad económica y empleo

La promotora Vía Ágora anunció hace justo un año su entrada en el negocio de la gestión forestal tanto de monte público como privado, una rama que en el futuro podría llegar a suponer el 20% del grupo que preside Juan Antonio Gómez-Pintado, a través de la sociedad Lignum Tech Forest. Actualmente, la compañía está gestionando algunos montes privados en Castilla-La Mancha. Según explicó el grupo promotor, su objetivo es invertir anualmente 3,5 millones de euros en este nuevo nicho de negocio, basado en la gestión de la madera en la edificación, que busca “dar respuesta a importantes desafíos como descarbonizar el parque de viviendas, generar riqueza y empleo en la España despoblada, mejorar la biodiversidad, minimizar el riesgo de incendios, disponer de unos datos forestales homogéneos, industrializar el proceso constructivo y fijar población en las zonas rurales». 

El estudio de la Fundación Gómez-Pintado y AFI, por ejemplo, estimaba que la gestión forestal podría suponer un incremento del PIB en Castilla-La Mancha cercano a los 700 millones de euros, mientras que el aumento rondaría los 500 millones en Castilla y León.  Además, permitirá crear una “industria de gran valor añadido en torno a la edificación. Mediante esta gestión forestal responsable se impulsará la transformación del sector inmobiliario haciéndolo más sostenible, innovador y eficiente empleando materiales como la madera en la construcción”, según el presidente del grupo Vía Ágora.

Fuente: Portal Idealista