Ecuador ya tiene norma de carbono, pero es incompleta y excluyó a indígenas

En este mercado, empresas y organizaciones que no han logrado eliminar la emisión de gases de efecto invernadero de sus operaciones, compran bonos de carbono equivalentes en toneladas métricas a su contaminación para, como en una tabla contable, dejar en cero este impacto ambiental.

Desarrolladores de estos proyectos se han centrado en territorios habitados por comunidades indígenas alrededor del mundo, pues estos pueblos son considerados guardianes de más del 40 % de los ecosistemas intactos que quedan en la Tierra, de acuerdo con una publicación de Carbon Brief, un website británico con información científica y climática. En Ecuador, el 67 % de los bosques de la Amazonía están dentro de territorios de pueblos indígenas, de acuerdo con información de la Fundación Eco ciencia. Por ello no extraña que empresas o intermediarios —que han sido llamados “piratas del carbono”— estén ofreciendo el desarrollo de proyectos en comunidades indígenas.

Aún así en el diseño de la norma para regular este mercado y que se emitió en junio de 2023 no se contó con una activa participación de las comunidades indígenas. Quince reconocidos líderes y lideresas aseguraron a esta alianza periodística que no conocían sobre el Esquema de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), nombre que tiene la normativa.

Diana Chávez, dirigente de relaciones internacionales de Pakkiru, organización que representa a los 15 pueblos, asociaciones y comunas kichwas de la provincia amazónica de Pastaza, asegura que Pakkiru no fue tomada en cuenta para la construcción de la norma.

La falta de información y de consulta abre la puerta a varias problemáticas para las comunidades indígenas, alertan expertos en el tema. En primer lugar, podría causar o agravar divisiones y enfrentamientos al interior de las poblaciones indígenas, algo que en el país ya ha pasado con proyectos extractivos, dejando incluso líderes ambientales asesinados. También podrían provocar despojos de tierras en zonas donde aún no hay una titularidad clara. Además, al ser una norma redactada en términos técnicos y exclusivamente en español, excluye y pone en desventaja a las poblaciones indígenas.

Los pueblos indígenas conservan, pero no fueron informados

Múltiples estudios científicos apuntan a que, además de las áreas protegidas, los territorios indígenas son modalidades eficaces en contra de la deforestación en regiones como la Amazonía.

El Proyecto Drawdown —que reunió a más de 200 científicos de todo el mundo— incluso determinó que la gestión de tierras indígenas es una de las 100 soluciones más eficaces para frenar el cambio climático, con un potencial de reducir hasta 12 gigatoneladas de dióxido de carbono hasta 2050. A su vez, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina publicó en 2023 un análisis en el que concluyó que en la Amazonía occidental (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), entre 2017 y 2021, el 74,8 % de la deforestación ocurrió fuera de estos territorios. En contraste, el 9,6 % de la pérdida forestal ocurrió en áreas protegidas y el 15,6% en territorios indígenas.

Por esta razón, a líderes y lideresas indígenas consultados para este reportaje les molestó que el gobierno ecuatoriano no les consultara cuando diseñó una normativa cuyo éxito dependerá, en gran medida, de los territorios que ellos habitan y de los bosques que ellos ayudan a conservar.
“Existe malestar, sabemos que afuera están trabajando, buscando fondos, mientras quienes estamos cuidando el territorio no somos tomados en cuenta”, dice la líder indígena kichwa Diana Chávez.

El gobierno de Guillermo Lasso, que expidió la norma, y el actual de Daniel Noboa, que la debe implementar, aseguran que el proceso sí fue de cara a la ciudadanía. Según la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente (MAATE), participaron 1439 personas de 202 instituciones en 25 talleres realizados a lo largo de un año. Entre ellos, insistió el gobierno, hubo presencia de líderes indígenas.

“Se tuvo la participación de la Confeniae (Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador), con alrededor de 84 participantes”, dijo el Ministerio a esta alianza periodística. Sin embargo, en la Confeniae —que eligió un nuevo consejo de gobierno en septiembre pasado— sus miembros no conocen la norma.

Andrés Tapia, el anterior dirigente de Comunicación de la Confeniae y un mestizo miembro de Pakkiru, aseguró que ningún integrante de la máxima organización indígena de la Amazonia ecuatoriana maneja el tema de compensación por emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, María José Andrade, indígena kichwa de la comunidad Serena en la provincia de Napo y actual dirigente de desarrollo económico y comunitario de la organización amazónica, dijo que revisaría la norma, pues no conocía su contenido. Ninguno pudo dar cuenta de escenarios de participación o de socialización de información sobre la iniciativa estatal.

“Si hicieron talleres en territorio, se quedaron en meros talleres. El problema es cuando traen consultorías técnicas, en las que se usa lenguaje demasiado técnico. Tenemos derecho a la consulta, pero en los términos en los que podamos entender lo que se va a aprobar”, reclama Diana Chávez.

Carina Sandoval, asesora en el programa de finanzas climáticas y biodiversidad de la Fundación Pachamama, cuenta que el MAATE realizó una socialización “grande” de la normativa a través de la plataforma de videoconferencia Zoom el 30 de mayo de 2023. Después de eso, la ciudadanía tuvo 10 días para emitir observaciones al documento. “Fue correr a revisar, porque previamente no tuvimos acceso”, dice. Su colega en Pachamama, la abogada Cristina Melo, cree que se realizó la socialización y la publicación del borrador para cumplir con “un requisito formal”.

“Trabajaron pensando en que todos estamos en las mismas condiciones. En Pastaza, el 80% de los pueblos y nacionalidades no tiene acceso a equipos electrónicos”, puntualizó Chávez, para mostrar lo poco accesible que fue el proceso.

Organizaciones como Pachamama y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) enviaron al MAATE comentarios relacionados con los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y con los derechos de la naturaleza, pero no fueron acogidos, aseguran sus representantes.

“Para que el gobierno cumpla con proteger a estas comunidades de los perjuicios derivados de los proyectos de mitigación, debió asegurarse de que no solo conozcan el proceso y que tengan acceso a la información en sus respectivos idiomas, sino también debió orientarles sobre cómo obtener asistencia técnica y jurídica”, señala Lindsay Otis Nilles, experta en políticas de mercados globales del carbono de la organización europea Carbon Market Watch, que los monitorea en todo el mundo.

La consulta prelegislativa y la consulta previa, ausentes

Más allá de la ausencia de participación y socialización, para la abogada Cristina Melo podría haber una falla aún más grave: la ausencia de una consulta prelegislativa antes de su promulgación. Se trata del derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, afros y montubios (un pueblo de la Costa ecuatoriana) a pronunciarse sobre aquellos actos legislativos que puedan vulnerar, limitar o afectar sus derechos colectivos.

El gobierno de Lasso defendió que no era necesaria una consulta de la norma porque “no genera una afectación a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, siendo una norma específica y voluntaria”, como dice la introducción de las consideraciones de la norma.

“Para obtener pleno consentimiento de los pueblos indígenas en procesos que afecten su relación con el territorio hace falta no solo una consulta. Supone la amplia participación”, dice David Suárez, coordinador del programa de consentimiento libre, previo e informado para América Latina de la oenegé internacional Land is Life.

El resultado fue un documento en el que no se abordaron, en sus palabras, “desafíos que requieren política nacional y consensuada con los actores de los pueblos y nacionalidades, y que prioriza las soluciones climáticas basadas en los mercados antes que en las políticas de protección de la naturaleza”.No realizar una consulta previa con los pueblos indígenas puede tener al menos tres efectos, de acuerdo con Chávez. El primero es que estos pueden cuestionar y oponerse a la normativa. El segundo, al no haber socializado el funcionamiento del mecanismo, deja a las comunidades más vulnerables. “Ya tenemos piratas verdes que han ingresado al territorio, llegan organizaciones y fundaciones ofreciendo compensaciones”, dice la lideresa kichwa en referencia a posibles estafas. Por último, pueden darse despojos, —como habría sucedido en el caso de Rainforest Ecuador, una empresa de servicios ambientales acusada de comprar, presuntamente con conocimiento de causa, una propiedad con disputas por apropiación de territorios— y divisiones entre poblaciones, como ya ha pasado con las industrias petrolera y minera.

En su último informe de 2023, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, recomendó que las regulaciones nacionales de la economía verde sean adoptadas en consulta con los pueblos indígenas. El objetivo es reconocer y proteger los derechos sobre la tierra, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas, así como su derecho a la consulta previa, libre e informada.

Con respecto al consentimiento previo, la norma no cuenta con un “procedimiento adecuado”, según la abogada Melo, que reconoce que esta omisión se enmarca en una “deuda histórica del Estado ecuatoriano”. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre este derecho, es vinculante para Ecuador desde 1997, pero hasta la fecha no existen las normas para su aplicación. En lugar de consultar, en el país se han realizado reuniones informativas antes de emitir licencias ambientales a proyectos de infraestructura o extractivos, algo que ha causado división y conflictividad en las comunidades. A inicios de 2023, los enfrentamientos en la comunidad A’i Cofán de Dureno terminaron en el asesinato del líder anti petrolero Eduardo Mendúa.

“Salió una norma sumamente extensa y compleja”, asegura Melissa Moreano, de la Universidad Andina Simón Bolívar, en referencia al Esquema de Compensación. Quienes quieran aplicarla, argumenta, deben manejar criterios técnicos o contar con un equipo experto. En su visión, esto aumenta la desventaja para los pueblos indígenas, quienes deberían estar en el centro de estas discusiones, pues muchos de los ecosistemas más biodiversos del país coinciden con sus territorios. Además, están asociados con mejores resultados en materia de almacenamiento de carbono, biodiversidad y medios de vida forestales, de acuerdo con un estudio publicado a finales de 2023 en la revista académica Nature Climate Change.

Fuente: Portal Mongabay