Declaraciones de Clima de Inversión 2024, Colombia

El Departamento de Estado hace énfasis en cuatro aspectos que generan incertidumbre: las reformas sociales, la rotación de personal y pérdida de experiencia técnica en organismos gubernamentales, la intensificación de la violencia de la mayoría de los grupos armados y la corrupción.

Resumen Ejecutivo

Colombia es un mercado de 52,4 millones de personas, con abundancia de recursos naturales y una clase media educada y en crecimiento. El presidente Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia, asumió el cargo en agosto de 2022. Si bien la inversión extranjera directa se mantuvo fuerte en 2023, la administración Petro ha impulsado el concepto de soberanía nacional en sectores económicos clave, creando altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado. La economía colombiana se expandió solo un 0,6 por ciento en 2023, lo que marca una desaceleración sustancial luego de dos años de fuerte recuperación pospandemia. Una disminución del 25 por ciento en la inversión, las elevadas tasas de interés y el deterioro del clima de negocios contribuyeron a la fuerte desaceleración del crecimiento. Los sectores clave, como la construcción, la manufactura y el comercio, experimentaron descensos. La administración pública y las actividades conexas desempeñaron un papel fundamental en la compensación de estos reveses, respaldados por el aumento del gasto público en gastos de funcionamiento. En 2023, las exportaciones denominadas en dólares experimentaron una caída de 12.9 por ciento, principalmente debido a los menores precios de los hidrocarburos (petróleo, sus derivados y carbón). Colombia se mantiene por debajo del grado de inversión tras las rebajas de calificación de julio de 2021 por parte de las agencias calificadoras Fitch y Standard & Poor’s. Según la encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa Colombiana de Valores, los analistas económicos pronostican un crecimiento medio del PIB de 1,4 por ciento para 2024.

Según el Banco de la República, la IED creció 1,5 por ciento entre 2022 y 2023. Aproximadamente la mitad de la fuerza laboral colombiana en las áreas metropolitanas está empleada en la economía informal, una cifra que aumenta a cuatro quintas partes en las zonas rurales. Según el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), había 22,8 millones de personas ocupadas, 756.000 más que en 2022. En 2023, la tasa de desempleo de Colombia fue del 10,2 por ciento (o 2,6 millones de personas), una disminución del 1,1 por ciento con respecto a 2022.

El gobierno colombiano aprobó una reforma tributaria que entró en vigor en enero de 2023, buscando reactivar la economía, generar empleo y contribuir a la estabilidad fiscal del país. El gobierno también está tratando de reformar los sistemas de salud, trabajo y pensiones, lo que ha causado preocupación entre los inversores. Inmediatamente después de que se archivara la reforma sanitaria de Petro a principios de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) de Colombia se hizo cargo de cuatro proveedores de seguros de salud, incluidos los dos más grandes de Colombia, durante un año. Esta medida coloca a casi la mitad de los usuarios del sistema de salud de Colombia bajo el control del gobierno, lo que supone un total de 25,1 millones de personas.

Colombia cuenta con un marco legal integral para las empresas y la inversión extranjera directa (IED). El Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia (CTPA, por sus siglas en inglés) de 2012 ha fortalecido el comercio y la inversión bilaterales. Los mecanismos de solución de controversias de Colombia han mejorado a través del CTPA y varios convenios y tratados internacionales. Entre los puntos débiles se encuentra la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Colombia aún no ha aplicado determinadas disposiciones del CTPA relacionadas con los derechos de propiedad intelectual y está interesada en solicitar la concesión de licencias obligatorias para determinados productos farmacéuticos. Colombia se convirtió en el miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2020, lo que conlleva la obligación de adherirse a las normas y estándares de la OCDE en las operaciones económicas.

Los gobiernos anteriores hicieron un esfuerzo concertado para desarrollar mercados de capital eficientes, atraer inversiones, estimular la inversión verde a través de bonos verdes y crear empleos. En 2021, Colombia emitió sus primeros bonos verdes soberanos en el mercado local y en abril de 2022 lanzó la primera Taxonomía Verde de la región con el objetivo de apoyar la movilización de capital para objetivos de sostenibilidad. La Taxonomía Verde Colombiana establece cómo una inversión puede contribuir a la mitigación y adaptación climática y otros cinco objetivos ambientales.

Desde el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Colombia ha experimentado una disminución significativa de la actividad terrorista. Varias operaciones criminales de gran envergadura siguen planteando amenazas para la actividad comercial y la inversión, especialmente en las zonas rurales fuera del control del gobierno. El gobierno de Petro busca negociaciones con grupos armados ilegales que no forman parte del acuerdo de paz de 2016 bajo una política denominada «Paz Total». Los resultados han variado, ya que las negociaciones oficiales con los grupos políticos han sido lentas y la mayoría de los grupos armados han intensificado la violencia al participar en guerras territoriales entre sí. La presencia de economías ilícitas dirigidas por grupos armados, a menudo enredadas en cadenas de suministro legales en algunas partes de Colombia, presenta un desafío para el desarrollo de medios de vida confiables y sostenibles.

La corrupción sigue siendo un problema importante. Los inversores estadounidenses y de otros países expresan quejas sobre las barreras no arancelarias, reglamentarias y burocráticas al comercio, la inversión y el acceso a los mercados a nivel nacional, regional y municipal. Las partes interesadas expresan su preocupación por el acceso más limitado a algunos ministerios y agencias del gobierno colombiano durante la administración de Petro. Los inversores de una serie de sectores citan la falta de consultas efectivas y oportunas con los organismos reguladores en las decisiones que les afectan. Las partes interesadas señalan preocupación por la rotación de personal y la pérdida de experiencia técnica en los organismos gubernamentales y una ausencia de liderazgo de casi 2 años en las principales agencias reguladoras. Los inversionistas también señalan preocupación por la lentitud del procesamiento y las sentencias inconsistentes en algunas agencias reguladoras, como el regulador de alimentos y medicamentos INVIMA. Las empresas a menudo son reacias a expresar estas preocupaciones individualmente al gobierno y prefieren plantearlas a través de asociaciones de la industria.

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Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos