‘Hay xenofobia contra inversionistas del agro’: Juan Camilo Restrepo
Minagricultura anuncia medidas para reglamentar y darle seguridad jurídica al capital extranjero.
Inversionistas extranjeros de la talla de la chilena Falabella están contratando a expresidentes de las altas cortes para que sustenten jurídicamente la compra de tierras que han hecho en Colombia.
Argumentando que lesionan los intereses de los campesinos y del país, un proyecto de acto legislativo que hace tránsito en el Senado y un fallo de la Corte Constitucional les acaban de poner límite a esas adquisiciones, dejando en el aire lo ya transado.
Según una investigación de EL TIEMPO, la brasileña Mónica Semillas, la italiana palmicultora Poligrow, la reforestadora Refosinú -filial de Falabella- y otras firmas locales han transado más de 177.000 hectáreas -más que el área de Bogotá-, sobrepasando esos topes.
Pero el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dice que es exagerado sostener que se están apropiando del país y que esa especie de xenofobia en el Congreso tiene paralizados más de 800 millones de dólares en inversión.
Por eso, anuncia medidas de choque para reglamentar y darle seguridad jurídica al capital extranjero, y salidas al fallo de la Corte.
Se aprobó en primer debate un acto legislativo que restringe la actividad agropecuaria y minera extranjera. Dicen que se están apropiando del país…
Ese es un proyecto redactado de manera chapucera, un disparate del que el Gobierno disiente. Busca constitucionalizar leyes prohibiendo de un porrazo la inversión extranjera. No es cierto que se estén quedando con medio país. Aspiro a que no haga tránsito en los 7 debates que le faltan.
Pero EL TIEMPO ubicó grandes empresas foráneas y locales que han comprado más de 177.000 hectáreas…
Es un hecho el acaparamiento de tierra en África por países como China. Pero acá no. El debate se debe abordar con altura. De los 13.200 millones de dólares de inversión que llegaron en el 2011, solo 152 millones fueron a la agricultura: un 1,5 por ciento. La inversión extranjera sana, que aporta capital, tecnología y empleo, en vez de ser vituperable es deseable.
Usted ya llevó esas cifras al Senado y no logró frenar el proyecto. ¿Qué va a hacer?
El senador ponente, Hernán Andrade (conservador), aceptó una comisión para que se expongan estadísticas reales. Pero más allá de este acto legislativo, se está despertando en el Congreso y en otros círculos cierta xenofobia desafortunada, que ha recibido apoyo en iguales decibeles en el discurso de ‘Iván Márquez’ (jefe de las Farc), según lo cual cualquier inversión extranjera en el agro es malsana. El Gobierno no participa de esa opinión. Y no es solo este proyecto, hay uno del senador Juan Lozano y otro del Polo.
¿Y cuál es la salida?
En 15 días presentaré un proyecto de ley que traza reglas claras para este tipo de inversión, hoy distorsionadas. Es más sano tener un buen registro y control de quién llega, qué compra y qué proyecto desarrolla, que sacarlos a sombrerazos. Obviamente, si vienen otros países a hacer compras masivas se les dirá que no.
Si se apoya esa inversión, ¿por qué el Gobierno frenó compras de multinacionales como Falabella?
Se debe a que al tema se le unió un desafortunado fallo de la Corte Constitucional, aprobado por una precaria mayoría de cinco votos contra cuatro. Allí se prohíbe que compradores acumulen Unidades Agrícolas Familiares (UAF) adjudicadas por el Incora a campesinos, tumbando los artículos que lo permitían. Multinacionales hicieron este tipo de compras y, a raíz de eso, algunas dicen haber desistido o congelado inversiones por no menos de 800 millones de dólares. Estamos esperando a conocer todo el fallo para plantear vías alternas que permitan que la inversión se mantenga. Por ejemplo, los contratos asociativos entre nuestros campesinos y los empresarios.
El fallo prohíbe la acumulación de UAF y eso no va a variar. Gente del propio Gobierno asegura que hay que anular las compras de firmas foráneas y locales, como Mónica Semillas, Poligrow, Aceites Manuelita, la Fazenda y Falabella. ¿Se va a dar la pela de reversarlas?
La esencia del fallo no va a cambiar y lo respetamos y acatamos. Pero esa restricción, dentro de una visión agraria premoderna, confina al campesino a que se mantenga en esa tierra, entorpeciendo la creación de empresa con capital y trabajo asociado. La reforestadora de Falabella iba a generar 10.000 empleos y a instalar una procesadora de celulosa. Pero tiene congelada la inversión. Firmas como esa, haciendo uso de la confianza legítima y de la ley vigente, adquirieron tierras y no saben qué hacer. Eso es lo que se estudia.
Pero, otras compraron sabiendo que violaban la ley…
No todos los casos son iguales. Hay una antigua ley, la 160 del 94, que dice que nadie que haya sido adjudicatario de tierra la puede vender. Y lo que parece haber sucedido en algunos casos es que empezaron a fraccionar las compras. Quien así actuó infringió la ley y puede hacerse acreedor a la acción de nulidad sobre esas compras.
¿Qué casos, por ejemplo?
La mayoría son nacionales, como el exsenador Habib Merheg. Entre los extranjeros, Mónica Semillas, Poligrow y muchos más entrarán seguramente a procesos de nulidad.
Una salida al fallo de la Corte es el modelo asociativo. ¿Los extranjeros le jalan a eso?
Yo creo que sí. ¿Por qué no? No lo han hecho porque vino este torrente de fallos e interpretaciones, y se están sofocando estas iniciativas.
¿El fallo y el proyecto ponen en riesgo el modelo de desarrollo agrícola del gobierno Santos?
Se está poniendo un ruido grande, pero lo vamos a asordinar jurídicamente. El trabajo y las metas siguen: en los dos años de la administración Santos la agricultura creció en promedio 2,2 por ciento al año, mientras que en los tres últimos años de la administración Uribe decreció. Según el Dane, en los últimos dos años uno de cada tres empleos creados fue en el ámbito rural.
¿Cree que hay un trasfondo político en esta situación?
El debate está bien si se hace con seriedad, altura, cifras y estadísticas reales.
Pero usted mismo dice que parte del debate coincide con la postura de las Farc…
La política agraria no está en discusión en ninguna mesa. Pero algunos proyectos están inspirados en el discurso de ‘Iván Márquez’. No sé si es coincidencia, pero el debate tiene que adelantarse sin un chovinismo premoderno que afecte al pequeño agricultor y siendo plausible para la modernización de la agricultura. Confío en que cuando en la mesa de negociación queden los micrófonos fuera, el discurso sea más realista que lo que oímos en Oslo (Noruega).
Reacciones
Lo que dicen las empresas
Aceites Manuelita y Poligrow dijeron que sus tierras no eran ni baldíos ni parcelas. Por tanto, no incurrieron en la restricción legal. «Les compramos al grupo Espinosa y a Eliseo Restrepo, y ambos tenían títulos», dijo Rodrigo Belalcázar, de Aceites Manuelita. Carlo Vigna, de Poligrow, agregó que las compras se hicieron entre 1988 y 1989, bajo la Ley 135 de 1951, que facultaba al Incora (hoy Incoder) a legalizar mayores extensiones de tierra. Y Ganabor agregó que en el Llano es costumbre que se engloben tierras a punta de pedazos que otros piden al Gobierno. Otras firmas, como La Fazenda, optaron por no hablar o no respondieron mensajes. Solo el Fondo Ganadero de Córdoba dijo estar dispuesto a devolver tierras si se prueban irregularidades.
Noticia publicada en el www.eltiempo.com, noviembre 03 de 2012
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